Justo en la misma semana en que la junta directiva de Ecopetrol es el centro del debate por su posición frente a la apertura de investigación e imputación de cargos de su presidente, Ricardo Roa, otro caso particular de erosión al gobierno corporativo es el del Banco de la República.

Un codirector de su Junta Directiva, César Giraldo, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, a propósito de la decisión vocacional del Banco —el control de la inflación a través de la tasa de interés—, publicó un artículo no académico, posteriormente repostado en el blog oficial del Ministerio, en el que sostenía que el aumento del salario mínimo no impactaba el resultado inflacionario, omitiendo cálculos que resultaban contradictorios con su postura.

Es importante señalar que las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República son técnicas, no políticas. Por supuesto, pueden existir contradicciones al interior de la Junta en el proceso deliberativo, precisamente para llegar a una decisión mayoritaria en ejercicio de su misión institucional: el control de la inflación.

Aquí se presentaron dos circunstancias particularmente graves: primero, la publicación pública de una postura individual contradictoria con la deliberación colegiada; segundo, la omisión de resultados que contrariaban su posición personal, lo cual termina por socavar la imagen integral de la Junta Directiva como cuerpo deliberante, plural, técnico y autónomo, que integra distintas visiones para adoptar una decisión institucional mediante votación mayoritaria.

¿Se ve clara la erosión al respeto debido a la Junta y a su misión de gobernanza?

Sí, claramente.

En términos de gobierno corporativo (y de independencia de bancos centrales, estándar internacional), ocurre una ruptura de tres principios básicos:

· Colegialidad: un miembro de Junta no habla a título personal en asuntos que son núcleo de la misión institucional, cuando esa opinión contradice o deslegitima la decisión colegiada.
· Lealtad institucional: la deliberación interna es legítima; la desautorización pública, no.
· Independencia funcional: el Banco de la República no es un foro de opinión política, sino una autoridad técnica.

¿Se observa cómo, mediante la aplicación de sesgos, se omite información relevante?

Sí. Técnicamente es un caso de sesgo de confirmación. Es advocacy, y, peor aún, advocacy (defensa de una agenda) desde un cargo fiduciario y, en términos de gobernanza, viola el deber de diligencia informada.

¿Por qué?

1. Se seleccionan variables que confirman una tesis previa.
2. Se omiten cálculos o escenarios que la contradicen.
3. Se presenta el resultado como si fuera concluyente.

¿Es evidente la intención de afectar públicamente la imagen y el criterio de autoridad de la Junta Directiva?

Rotundo sí. En la banca central, la credibilidad es el principal activo; esta se erosiona más por la politización que por errores técnicos.

¿Por qué?

1. Se proyecta a la Junta como fragmentada y politizada.
2. Se debilita su autoridad técnica ante mercados, analistas y agentes económicos.
3. Se erosiona la confianza en que las decisiones obedecen a modelos completos y no a agendas parciales.

Por Natalia Name