Soy amante del gobierno corporativo: la estructura donde se toman las decisiones, se delimitan los roles, se define el marco ideológico desde el cual se decide, el propósito, la identidad empresarial y la estrategia para la ejecución de la misión. En fin, todo el abanico de posibilidades que se abre cuando la toma de decisiones recae en un grupo plural, integrado por ambos géneros, multicultural e intergeneracional, formado con capacidades, habilidades y experiencias adquiridas al servicio de un propósito común: el propósito de la empresa.

En tiempos de incertidumbre, la gobernanza en la empresa —y en general en las organizaciones— representa el orden en medio del caos. Y no solo en la empresa: en cualquier organización.

Nuevamente, Ecopetrol y su Junta Directiva se enfrentan a una decisión que pone en tensión el propósito de la empresa frente a la conveniencia política, o la de su socio principal: el Estado, representado en el actual gobierno, que parece más interesado en la política que en la empresa.

Ricardo Roa, su presidente, no solo fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral por sus manejos en la campaña presidencial en la que resultó electo el actual presidente, sino que además la Fiscalía General de la Nación —curiosamente cercana al gobierno— ha resuelto la apertura de una investigación formal en su contra, imputándolo por los delitos de violación de topes electorales y presunto tráfico de influencias, vinculado tanto a la adquisición de un apartamento como a la adjudicación de un contrato estratégico de gasificación.

El diario El País me preguntó cuál era mi opinión al respecto…

No puedo sino decir que, más allá de la presunción de inocencia que ampara al señor Roa, la Junta Directiva está llamada a obedecer los mandatos de conveniencia del propósito empresarial. Dicho lo anterior, la Junta debe decidir lo que resulte conveniente para la imagen, la solidez y los planes estratégicos de Ecopetrol. Debe, además, dar cumplimiento a su Manual de Gobierno Corporativo, mostrar transparencia, indagar el impacto reputacional y evaluar la relación, estableciendo de manera objetiva qué gana la empresa al mantener como imagen institucional a una persona con investigaciones en curso.

Créame: en el sector privado, no sería el presidente ni el representante legal de la sociedad. Muy probablemente se habría terminado el vínculo en virtud de cláusulas reputacionales previstas dentro de las políticas de gobernanza. Y, si este subsistiera, el aporte del presidente sería evaluado rigurosamente para decidir su permanencia o se diseñaría una estrategia de transición. Porque en la empresa privada lo importante es la empresa, que representa a una multiplicidad de stakeholders y no responde a una sola persona.

La ratificación de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol se dio en la reunión del 8 de febrero de 2026. No obstante, los integrantes de la Junta pueden convocar una nueva reunión y, con el voto de la mitad más uno de los asistentes, podrían retirarlo del cargo. Sin embargo, ¿lo harán?

Ecopetrol cuenta con candidatos independientes y dependientes: unos representan al Estado (no al gobierno) como socio mayoritario, y otros son personas no vinculadas a la compañía ni, presuntamente, al gobierno. Pero hasta la fecha no han tenido la voluntad de retirarlo.

¿Son conscientes de la responsabilidad fiduciaria, la independencia de criterio y la integridad que se exige a los miembros de junta, y de que su deber es con la empresa?

El gobierno corporativo, las estructuras empresariales y, en general, las organizaciones prosperan o decaen por el influjo humano en la dirección. Las estructuras de decisión cooptadas por conveniencias gubernamentales desvanecen su fuerza ejecutoria, su vocación de orden y su proyección. Estamos viendo cómo el gobierno corporativo y sus bondades resultan víctimas de la politización y de la falta de estructura ética de quienes integran dichas instancias.

“Cuando una Junta Directiva renuncia a su independencia, renuncia a su razón de ser.”

Por Natalia Name