En esta semana, en medio del “debate” de candidatos presidenciales auspiciado por el diario El Espectador, bajo la moderación de María Concepción Araujo, se mencionó un tema que es una realidad, pero que la política inmediatista, en busca de votos a cualquier costo, ha satanizado.
Lo mencionado fue que las concesiones en Colombia, o asociaciones público-privadas (APP), son una forma imprescindible para generar infraestructura y que los ciudadanos obtengan, en menor plazo, la prestación de los servicios que son obligación del Estado.
Y allí es donde me puedo involucrar explicándote por qué.
Como abogada contractualista y estructuradora de proyectos, he asesorado más de 40 concesiones, participado en procesos licitatorios y acompañado la ejecución de contratos en mis 20 años de profesión.
He conocido de primera mano la evolución legislativa de este sistema de desarrollo de obras públicas; conozco sus virtudes y defectos, pero cada vez que han atacado el modelo he estado en desacuerdo.
El modelo de concesiones ha sido útil en Colombia y en el mundo. Y sus errores, o la mala gestión por parte de actores públicos y privados, no son responsabilidad del sistema. Es como culpar a la Biblia porque los cristianos no siguen o no entienden sus mandatos.
Y entonces la situación.
Hoy, Colombia tiene el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años.
Un déficit que no es producto de una catástrofe o una pandemia, sino de la mala gestión de la deuda y del gasto. Pero ese es otro asunto.
Lo cierto es que, cualquiera que sea el candidato que gane las elecciones, de derecha o de izquierda, se va a encontrar con lo mismo: falta de liquidez y escasa posibilidad de endeudarse.
Entonces, podrán elegir entre dos caminos: culpar y generar más reformas tributarias —exprimir la famélica vaca lechera que hoy son los empresarios; sí, son los empresarios los que pagan impuestos—, o recurrir al privado para desarrollar los proyectos que han consignado en sus planes de gobierno.
De lo contrario, serán más ideas sin ejecución, más tiempo perdido, que, a la larga, para el electorado, se convertirán en mentiras políticas. Y así se sigue alargando el ciclo de la desacreditación y de la desconfianza en la gestión política, incrementando sectarismos y violencia.
Esa es la historia de este país.
Concesiones como solución
El esquema concesional no es otra cosa que acudir a la experticia en ingeniería y al capital financiero de un privado para desarrollar una obra de gran infraestructura que requiere el país. El empresario asume, por su cuenta y riesgo, el desarrollo de la infraestructura, a cambio de la explotación del servicio, tasas, contribuciones o vigencias futuras.
Claro, para asumir el riesgo de ingeniería y el financiero —porque las concesiones, en esencia, son un negocio financiero—, el empresario involucra su capacidad de endeudamiento y su capital.
Y por eso necesita retorno de la inversión.
¿Puede ser más costoso que la deuda pública directa? Sí.
Pero la pregunta no es esa.
La pregunta es: ¿qué haces cuando no tienes cómo endeudarte, cuando no tienes confianza del sector bancario, cuando no tienes calificación crediticia suficiente, cuando no tienes caja para financiar proyectos?
El dinero que no se tiene es costoso. Pero la alternativa no puede ser no hacer nada.
Sobre todo cuando el Estado tiene deberes que cumplir, porque, de lo contrario, cada vez más los ciudadanos se preguntarán para qué existe.
Esquema que funciona en el corto plazo
Desde el punto de vista de la prestación del servicio al público, es un esquema que permite entregar resultados en menor tiempo que el que le tomaría al Estado reunir recursos o contratar directamente una obra pública.
¿Por qué?
Porque el capital —equity o crédito— con el que se construyen las obras es privado. El Estado no desembolsa de inmediato: garantiza una renta en el tiempo o cede la explotación.
Eso acorta los tiempos de satisfacción del servicio. Y el tiempo, en infraestructura, también es costo social.
Si es bueno, ¿por qué ha sido demonizado? ¿Por qué funcionan las concesiones en Colombia?
Desde mi perspectiva, las concesiones sí han funcionado en Colombia, y las que han fallado lo han hecho por fallas en la estructuración desde lo público; por ejemplo: planeación deficiente, estudios y diseños incompletos, mala asignación de riesgos, esquemas de pago fallidos, plazos irreales, falta de seguridad jurídica, choques de regulaciones contractuales y ambientales con alternativas técnicas, solo por decir algunas.
Eso ha generado casos problemáticos que terminan afectando la percepción del modelo. Pero el problema no es el esquema. Es su ejecución.
Súmale a eso el uso político del discurso: decir que es un modelo más costoso, comparándolo con otros esquemas como si produjera los mismos efectos en el tiempo. Y también desconocer que han existido fallas del lado privado, que deben ser controladas, pero no usadas para deslegitimar todo el sistema.
Además, se ha intentado regular la rentabilidad reconociendo un WACC que no corresponde al nivel de riesgo de invertir en Colombia: orden público, seguridad jurídica y conflictividad social.
Así no se remunera el riesgo.
El punto de fondo es que es fácil decir que la rentabilidad del concesionario es lesiva. Lo difícil es reconocer que sin esa rentabilidad no habría obra pública. Y sin obra, hay ciudadanos sin servicio.
Concesiones: evolución e integración
Si las concesiones son una forma rápida de prestar servicios, también son una forma de dinamizar la economía.
Energía, telecomunicaciones, vías, puertos y educación.
No es solo infraestructura.
Es movimiento económico, empleo, encadenamientos productivos.
¿Es malo que un privado tenga retorno por su capital de riesgo?
No. Es economía. Lo que sí es problemático es que ni el sector público ni el privado estructuren bien los proyectos.
Y también es problemático que la sociedad no entienda la necesidad de desarrollar infraestructura, influenciada por discursos ideológicos que no han demostrado resultados.
La infraestructura no se construye con discursos.
Se construye con ejecución y asunción de riesgos.
¿Cuál es el deber del Estado?
Planificar bien, asignar riesgos correctamente, no trasladar sus responsabilidades constitucionales, ejercer control, pero no asfixiar, mejorar los modelos e integrar regulaciones de distintos sectores con un propósito.
Y, sobre todo, entender que el concesionario no es un enemigo. Es un aliado.
Una solución que integra
Este esquema, bien planeado y ejecutado, le sirve al Estado, le sirve al ciudadano, le sirve al empresario, le sirve al empleo y a la economía, y genera círculos virtuosos. Y cuando eso ocurre, el Estado también recauda más.
Algunos ejemplos de megaobras en el mundo ejecutadas con esquema concesional:
● El Eurotúnel, entre Francia y Reino Unido.
● El Puente Vasco da Gama, en Lisboa.
● La línea de alta velocidad Tours-Burdeos.
Sin este esquema, muchas de estas obras no existirían.
En Colombia ya tenemos legislación y experiencia. Lo que falta no es el modelo. Es hacerlo bien. Y entender que el Estado y el concesionario no son enemigos. Son socios. Y los ciudadanos, los beneficiarios.
Colombia no tiene caja: las concesiones serán inevitables.
En NNR ESTUDIO LEGAL S.A.S. podemos ayudarte a estructurar proyectos de concesión de infraestructura y servicios, verificar modelos financieros, revisar la regulación aplicable, acompañarte en la gestión de licencias y la ejecución en cumplimiento de los requisitos contractuales y legales.
Por Natalia Name
